En el ámbito nacional y local, la colaboración público-privada (CPP) no es algo novedoso. Tradicionalmente se ha dado en el sector de infraestructuras y posteriormente, siguiendo el modelo de Nueva Gestión Pública de Reino Unido, en la provisión de algunos servicios públicos. A día de hoy, con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como guías para el desarrollo de nuestra sociedad, empezamos a ver una evolución en la colaboración público-privada hacia una responsabilidad y compromiso compartidos para mejorar la vida en nuestro planeta.
El modelo más utilizado de CPP consiste en la externalización del servicio a través de un concurso público en el que éste se adjudica a una empresa privada. La Administración establece las condiciones para la prestación del servicio y asume la responsabilidad última.
Por otra parte, el desarrollo de programas de responsabilidad social corporativa también puede entenderse como una forma de colaboración público-privada, en la que la empresa asume el liderazgo de la iniciativa. Sería el caso de acciones que vemos frecuentemente, como recogidas de residuos en las costas, plantaciones de árboles o programas de interés público impulsados por las fundaciones de empresas privadas (Alsina y González, 2019). A pesar del impacto positivo en la sociedad que pueden llegar a tener estas iniciativas, en España todavía se perciben como acciones de márketing en las que el compromiso por parte de la empresa depende más del retorno económico o reputacional que pueda generar la acción que de un interés real por aportar al desarrollo de la comunidad en la que intervienen.
Un tercer modelo de colaboración público-privada más innovador y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es el partenariado basado en la gobernanza colaborativa. En los partenariados o alianzas se trata de que las empresas compartan con las Administraciones riesgos y responsabilidades para lograr un objetivo con valor social. Un ejemplo citado por Alsina y González (2019) sería el Consorcio Científico-Tecnológico Basque Research and Technology Alliance (BRTA), que busca responder a los retos socioeconómicos del País Vasco a través de la investigación y el desarrollo de soluciones tecnológicas.
Las empresas de la economía social como Jump The Line son idóneas para participar en este tipo de alianzas puesto que el objetivo último de su actividad no es el beneficio económico, sino lograr un impacto social positivo. Esto elimina el riesgo de una posible divergencia de intereses entre la Administración y la empresa privada tradicional. Además, se asegura que la gestión del proyecto se hará de una forma transparente, responsable y colaborativa.
Fuentes y otras lecturas interesantes
Alsina Burgués V. y González de Molina, E. (2019). La colaboración público-privada como vector de innovación: casos de éxito en España. Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria/ Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, (3), 122-139. https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/especial_3_revgp/en_def/Alsina%20&%20Gonzalez%20122_139.pdf
Vañó, M. J. V. (2020). La colaboración público privada a través de entidades de la economía social. Noticias de la economía pública social y cooperativa, (64), 28-49. http://ciriec.es/wp-content/uploads/2021/02/Revista_64_tema.pdf
Fundación CODESPA, (2013). Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo. Modelos para llevar a la práctica la Innovación Social Empresarial. https://www.codespa.org/aprende/publicaciones/alianzas-publico-privadas-para-el-desarrollo-modelos-para-llevar-a-la-practica-la-innovacion-social-empresarial/
Pastor Albaladejo, G. (2015). Pros y contras de la colaboración público-privada ¿Un modelo generador de valor público? Ponencia AECPA. https://docta.ucm.es/entities/publication/9a278280-ce81-41a9-81a1-2adef7b9150c
Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact). https://www.pactomundial.org/quienes-somos/